Con la gestión del Dr. Main, se inauguró una
nueva forma de manejar el presupuesto local al incorporarse un artículo que contradice la
Ley de Municipios, y que muy lejos se encuentra de la transparencia que se espera.
Mediante este artículo, el Ejecutivo
Municipal, dispone libremente de los
recursos que se incorporen al presupuesto (conocidas como ampliaciones
presupuestarias), mientras este se encuentre en ejecución; esto sumado al
crédito adicional le permitió manejar recursos por un monto de $9.774.600 durante
el año 2013, sin control del Concejo Deliberante.
Si
bien el mismo Artículo determina que el Poder Ejecutivo deberá comunicar al Concejo Deliberante toda ampliación que se
realice, en el transcurso del año solamente
una vez, en el mes de junio, se cumplió con dicha obligación.
Ante
estas irregularidades este nuevo presupuesto fue aprobado por el oficialismo, solo
con su mayoría: 7 votos contra 2.
Los
Concejales Radicales además de estas
graves irregularidades, para dar su voto negativo, objetaron que el presupuesto
presentado no refleja la realidad, ya que el
presupuesto 2014 estima para recursos y gastos la suma de $ 25.600.140,
mientras que el del 2013 (aun en
ejecución), ya sobrepasa los 26 millones... ¿Y la inflación?
Como años anteriores es de esperar que en próximas
sesiones se trate la Ordenanza
impositiva” y tal como lo expresa el dictamen de la UCR, nuevamente y a pesar de lo solicitado en los
años 2012 y 2013 no se contó con el previo análisis de la misma, por cuanto los incrementos que sufra no
se ven reflejados en el Presupuesto 2014 e ingresarán por “fuera” del
presupuesto aprobado, lo que permitiría disponer de un nuevo monto de dinero,
que no sería controlado por el Concejo Deliberante.
Para
cerrar este capítulo, de evasión de controles y propuestas avasalladoras, el
oficialismo aprobó con su mayoría automática la ordenanza que modifica la
reglamentación sobre Pedidos de Informes; en la
reglamentación anterior bastaban las firmas de dos (2) Concejales y ahora se
requieren tres (3), y además de esto se le conceden 120 días hábiles al Ejecutivo para contestar los mismos.
Esta
nueva ordenanza vulnera categóricamente el derecho de las minorías, por ella los Concejales Radicales no pueden a partir de ahora solicitar informe ya
que necesitarían la firma de un Concejal Oficialista para hacerlo.
Todos los Mariagrandenses merecen y tienen derecho a saber en qué se
utilizaran los recursos que aportarán.
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